04/12/2019 17:48:26
El dirigente del Sindicato de Estibadores, Armando Jiménez Machuca, fue ejecutado por fuerzas represoras de la dictadura.

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La Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $340.000.000 a los familiares del dirigente del Sindicato de Estibadores del Puerto de San Antonio, Armando Jiménez Machuca, ejecutado el 22 de septiembre de 1973 por fuerzas militares de la dictadura.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados (i) Jorge Lagos y Antonio Barra, acogió recurso de casación en el fondo deducido y revocó la sentencia que rechazó la demanda al acoger la excepción de pago argüida por el Estado.

“Que de lo referido en la historia fidedigna de la ley, sumado a las características de los beneficios que ella otorga, es posible concluir que no se trata de una reparación total al daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, conceptualización que permite entender los beneficios que se conceden, como por ejemplo los relacionados con educación y salud, los que quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores. Consecuencia de lo reseñado es que los beneficios pecuniarios que contempla la Ley N° 19.123 tienen una naturaleza asistencial y por ende no privan a las víctimas de instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que “por lo demás, la normativa invocada por el Fisco no contempla en su texto incompatibilidad alguna con la indemnización que en este proceso civil se persigue y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata, como se dejó asentando en los párrafos precedentes, de formas distintas de reparación y, el que las asuma el Estado voluntariamente no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues de otra manera sería aceptar que el responsable del daño sea quien fije la cuantía de la indemnización a pagar”.

“Tampoco puede aceptarse –continúa– la alegación del Fisco de Chile de declarar improcedente la indemnización que se ha demandado en razón de que los actores ya fueran indemnizados por el mismo hecho en virtud de la Ley N° 19.123, pues esa pretensión contradice lo dispuesto en la normativa internacional atinente a la materia, que busca precisamente obtener la íntegra reparación de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, resarcimiento que encuentra su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º y en el artículo 6º de la Constitución Política. Así, por lo demás, lo ha sostenido esta Corte en el pronunciamiento Rol N° 23.441-2014, de fecha 28 de abril de 2015”.

Por tanto, concluye la Corte que “se revoca la sentencia apelada de 22 de agosto de 2017, en cuanto por ella se rechaza la demanda deducida en contra del Fisco de Chile, por haberse acogido las excepciones de pago y de prescripción deducidas por éste y, en su lugar, se resuelve que se rechazan las referidas excepciones, acogiéndose parcialmente la demanda de fojas 85, declarando que se condena al Fisco de Chile a pagar la suma $340.000.000, la que se desglosa en $100.000.000 para la cónyuge sobreviviente Fidelisa Eliana Ojeda Román; y en $80.000.000 para cada uno de sus tres hijos, a saber, María Eliana, Armando Enrique y Andrés Enrique, todos apellidados Jiménez Ojeda, como resarcimiento del daño moral demandado”
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La decisión fue adoptada con el voto en contra del abogado Lagos.

Aquel 22 de septiembre, en las cercanías de Rapel, además de Jiménez, fueron asesinados también los dirigentes Samuel Núñez González, Guillermo Alvarez Cañas y Héctor Rojo Alfaro.